Buscar
  • Pablo Piedra Vivar

El Yasuní y la consulta



Desmontar las redes de la corrupción que existen dentro del Estado es una necesidad en Ecuador. Para esto se hace necesario la consulta y parte de las preguntas en ella establecida. Otras preguntas de la consulta no tienen, como consecuencia directa, desmantelar esas redes, sino que fueron puestas allí para aumentar el respaldo popular a la consulta en general. Es el caso de las preguntas sobre el Yasuní y sus Pueblos Indígenas Aislados (PIA), la pregunta sobre la minería, la relacionada con la ley de plusvalía, y la de imprescriptibilidad de ciertos delitos.


Me voy a referir a la pregunta sobre el Yasuní y los PIA. El Yasuní fue declarado parque nacional y patrimonio natural y cultural de la humanidad, es un refugio del pleistoceno y es zona con mayor biodiversidad del hemisferio occidental[1], y parte del territorio de los últimos Pueblos Indígenas Aislados en el Ecuador, los Tagaeri y Taromenane[2].


El presidente Moreno expresó que la inclusión de las preguntas se debe al resultado de un diálogo con la sociedad civil. No sé con quien dialogó sobre el Yasuní y los PIA. Me consta que el colectivo YASunidos lo invitó a conversar para que conozca sobre sus preocupaciones ambientales desde la primera vuelta de la campaña presidencial, nunca aceptó. Una vez iniciado su Gobierno, YASunidos se reunió con el Ministro del Ambiente (MAE) y también le presentó brevemente una sugerencia de pregunta al Secretario Nacional de la Política. No conozco de diálogos con otros grupos ecologistas o ambientalistas sobre el tema Yasuní y los PIA. El MAE dejó claro que la minería a gran escala no se interrumpiría y que la explotación en el Yasuní continuaría; la pregunta presentada al Secretario de la Política no fue incorporada a la consulta.


El objetivo de quienes defienden el Yasuní y los PIA es proteger sus derechos y esto es, evitar la explotación petrolera en este parque, desde un punto de vista constitucional esto es innegociable. El propósito de los ciudadanos que quieren defender el Yasuní y los PIA es que se respete lo establecido en la Constitución ¿Qué establece la Constitución? Que no se puede realizar ninguna actividad extractiva dentro de los territorios de los PIA (Art. 57); que la naturaleza tiene derechos y que debe protegerse íntegramente su existencia y sus ciclos vitales (Art. 71); que áreas sensibles como es el Yasuní, merecen atención prioritaria por parte del Estado (Art. 406).


¿Resuelve la pregunta del Yasuní las inquietudes de sus defensores? No. La consecuencia, se apruebe o no la pregunta, será que la explotación en el Yasuní se mantenga. Sin embargo, la manera en cómo se realice la explotación varía, en caso de que gane el sí. En primer lugar el área permitida de explotación se reduce de 1 030 a 300 hectáreas; adicionalmente la Zona Intangible, creada el por decreto 552 del presidente Mahuad y delimitada por el decreto 2 187 del presidente Palacio, se ampliaría en “al menos 50 000 hectáreas”.


La pregunta parecería estar destinada a reducir la afectación en el parque y ampliar la protección de los PIA. Sin embargo, aún con la victoria del sí en esta pregunta, es posible que ninguno de esos objetivos se logre. Por esta razón presentamos, ante la Corte Constitucional, un amicus curiae, junto con algunos defensores de los derechos de la naturaleza, buscando que la Corte en ejercicio de sus facultades, modifique la pregunta y asegure que el resultado de un triunfo de la pregunta permita alcanzar los objetivos propuestos. Lamentablemente, la Corte Constitucional incumplió sus deberes de hacer un control constitucional de las preguntas de la consulta, y de proteger los derechos de la naturaleza y los PIA, al no dictar su dictamen dentro de los plazos establecidos en la ley, y dejando que las preguntas pasen a ser consultadas tal como las envió el Presidente.

La ambigüedad de la pregunta radica en lo siguiente: ¿Cómo mide el Gobierno nacional la afectación al Yasuní? Y, ¿en dónde van a ampliar la Zona Intangible? Estas interrogantes no se resuelven en el texto propuesto para la consulta. Esto significa que quedará en manos del Presidente y su equipo la resolución de estos temas.


Sobre la reducción del área de afectación


No existe antecedente, dentro de la Revolución Ciudadana (RC), que nos permita pensar que las interrogantes antes mencionadas sobre la pregunta se resolverán a favor de la defensa de la naturaleza y de los derechos de los PIA. La constante ha sido esconder y maquillar el impacto en el Yasuní y subordinar la protección de los PIA al interés petrolero.


La explotación del Yasuní se justificó afirmando que la afectación sería mínima, que gracias a la utilización de “tecnología de punta” se minimizaría el impacto. Esto es falso. Por ejemplo, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) realizado por Petrobras en 2006 consideraba para el transporte entre plataformas y su construcción la utilización de helicópteros, para que el derecho de vía sea utilizado solo por las líneas de flujo y evitar, en la medida de los posible, la construcción de caminos. Sin embargo, la “actualización” del EIA realizada por Petroamazonas y aprobada por el MAE modificó esto y estableció la construcción de los mal llamados “senderos ecológicos”, que no son más que caminos carrozables. En 2006 se consideraba utilizar una práctica de operación y construcción más avanzada y menos perjudicial al ambiente que la que utilizan 12 años después. A pesar de denuncias hechas sobre las características de la vía y del daño que generó su construcción, el Gobierno se empeña en justificar y maquillar la afectación.


Poco tiempo después de anunciada la consulta, el Gobierno del presidente Lenín Moreno, a través de su ministro Carlos Pérez, anunció que se construirán 741 pozos (Texaco-Chevron operó alrededor de 341 pozos en Ecuador) en los bloques 31 y 43, dentro del Yasuní. Esto, admite el Ministro de Hidrocarburos, no será afectado por el resultado de la consulta.

Según un informe realizado por el colectivo de Geografía Crítica, la actual afectación abiótica directa a la naturaleza realizada por Petroamazonas, en el Yasuní, es de 743,8 ha, sin tomar en cuenta la afectación realizada por la sísmica, misma que alcanzaría las 90 512 ha.


Si damos por cierto esta información, resulta que de ganar en la consulta el sí, Petroamazonas no debería realizar más obras de infraestructura, ya que se superó las 300 ha. La afectación que se alcanzaría, de cumplirse con la construcción de todos los pozos previstos, alcanzaría las 2 398 ha.


El área de afectación no solo que superaría el área permitida, sino que violaría la protección establecida en el decreto 2 187 que establece la Zona de Amortiguamiento y la protección establecida para la Zona Intangible.


El Gobierno del Presidente Moreno sostiene que la afectación no supera el área de afectación permitida, ni tampoco se va a superar con la nueva infraestructura a construirse.

Si no se garantiza el control de la sociedad civil sobre lo que pasa en el Yasuní, no importa cuanto se afecte, sino con que regla se mida la afectación.


Con respecto a la ampliación de la Zona Intangible


Cuando la Asamblea Nacional autorizó el pedido de Correa para explotar el Yasuní, lo hizo bajo una premisa falsa. El entonces Ministro de Justicia presentó, a la Asamblea, mapas donde se señalaba los indicios de presencia de los PIA, la peculiaridad de estos mapas era que no eran los mismos que el Gobierno venía utilizando meses atrás ¿En qué se diferenciaban los nuevos mapas? En que los círculos que señalaba la presencia de los PIA se movieron o desaparecieron ¿Bajo qué argumento? Ninguno de peso, lo importante fue viabilizar la explotación petrolera.



Nuestra Constitución prohíbe explotación petrolera en el territorio de los PIA. La solución para el Gobierno de Correa era simple: eliminarlos del mapa. La pregunta planteada en la consulta no corrige esta situación.


Si en verdad el Gobierno desea proteger a los PIA, entonces debe ampliar, de manera técnica, a través de una Comisión de expertos de la sociedad civil, la Zona Intangible en los lugares donde exista evidencias de la presencia de los PIA, sin importar si esto es perjudicial o no a la industria extractiva. No podemos hacer lo que se ha hecho hasta ahora, supeditar la protección de los Pueblos Aislados a los intereses de la industria petrolera. Molesta que la única propuesta de ampliación de la Zona Intangible haya salido, hasta el momento, del Ministro de Hidrocarburos, cuando el Ministerio rector de la política de los PIA es el Ministerio de Justicia, quien hasta el momento guarda silencio sobre este tema.


Es importante entender que el “territorio” de los PIA no es igual a la Zona Intangible, se sabe que los PIA son pueblos nómadas. No podemos saber con certeza cuál es el “territorio” de los PIA, por eso es importante entender que en caso de que se evidencie su presencia en lugares que están afuera de la Zona Intangible, se debe aplicar lo establecido en la Constitución con respecto a la prohibición de desarrollar actividades extractivas en su territorio (Art. 57).


Es lamentable que la situación política del país, resultado de un Gobierno arbitrario e intolerante, nos haya conducido a una campaña que reduzca temas complejos y necesarios de debatir a nivel nacional a un “todo sí” o “todo no”.


Votaré sí en la Consulta, para conservar el Yasuní y proteger los derechos de los PIA. El Presidente y su Gobierno deberán entender que el triunfo de esa pregunta no significa una legitimación de su proyecto extractivista en el Yasuní, ni una carta blanca para eliminar a los PIA, cometiendo un posible etnocidio o genocidio; sino que es la manifestación de los ecuatorianos de conservar el mayor tesoro del Yasuní, la vida que se encuentra en su territorio (no los minerales de su interior), su biodiversidad y sus Pueblos Indígenas Aislados.



Referencias:


[1] Larrea, Carlos. “La iniciativa Yasuní ITT: Una opción factible hacia la equidad y sustentabilidad.” En María Cristina et al. La iniciativa Yasuní ITT desde una perspectiva multicriterial. Quito: PNUD, 2011. Pág. 12; Álvarez, Yomar .“Una propuesta desde el ecologismo para proteger a una parte del Parque Nacional Yasuní”,en Iván Narváez, Massimo De Marchi y Salvatore Eugenio Pappalardo (coordinadores). Yasuní zona de sacrificio. Análisis de la iniciativa ITT y los derechos colectivos indígenas. Quito: FLACSO Ecuador, 2012. Pág. 80.


[2] Acosta, Alberto y Martínez Esperanza (compiladores). Derechos de la naturaleza. El futuro es ahora, Quito: Abya Yala, 2009.
pág.190

  • White Facebook Icon
  • Instagram - Círculo Blanco
  • Blanco Icono de YouTube
  • Twitter Icono blanco

© 2020 por El Austro